La política del gobierno del presidente Piñera busca priorizar el bienestar de niños, niñas y adolescentes, asumiendo que hay precedentes graves que requieren cambios radicales, algunos de los que se han efectuado desde antes de conocerse el informe.

Dicho documento indica, respecto a los temas de niños y niñas institucionalizados en centros del SENAME, que el Estado viola el artículo 23 de la Convención sobre derechos del niño por:

–     No proporcionar los apoyos necesarios a las familias con niños, niñas y adultos con discapacidad a fin de impedir su internamiento en instituciones.

–     No proporcionar los apoyos necesarios a los niños, niñas y adultos con discapacidad ingresados para el disfrute de una vida plena y decente que asegure su dignidad.

–     Mantener un sistema de segregación en centros específicos que conducen a una situación de exclusión y aislamiento de su entorno social.

A estos puntos, se suman observaciones respecto a la salud de niños, niñas y adultos ingresados en estos centros, también en lo relativo a temas de discapacidad por las necesidades que ellos requieren.

En el Acuerdo Nacional por la Infancia, promovido por el gobierno en junio de este año, se propusieron medidas que apuntan a proteger a los niños en riesgo de vulneración o cuyos derechos ya han sido vulnerados. Asimismo, en los numerales 66 y 67, el acuerdo abarca el tema del cuidado residencial para personas con discapacidad en situación de dependencia, debiendo solucionar la necesidad de cobertura para adultos con discapacidad que se encuentran en residencias del Sename, traspasando su dependencia al Servicio Nacional de Discapacidad, Senadis. También se propuso convocar un grupo de trabajo para que genere una propuesta integral para su protección y dar apoyo a las familias.

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