En efecto, dicha modificación dispone que las municipalidades podrán, en el ámbito de su territorio, desarrollar directamente o con otros órganos de la administración del Estado, funciones relacionadas con el desarrollo , implementación, evaluación, promoción, capacitación y apoyo de acciones de prevención social y situacional, la celebración de convenios con otras entidades públicas para la aplicación de planes de reinserción social y de asistencia a víctimas, así como también la adopción de medidas en el ámbito de la seguridad pública a nivel comunal, sin perjuicio de las funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de las Fuerzas de Orden y Seguridad.

En este contexto, y de acuerdo al mandato legal otorgado, en el mes de marzo de 2017 se creó la Dirección de Seguridad Pública, de la que, a partir de esa fecha, depende el Departamento de Seguridad Ciudadana y Emergencia.

Los principios orientadores que contempla la nueva normativa introducida en materia de seguridad a la Ley N° 18.695, ponen el acento en aspectos tales como la corresponsabilidad, la participación, la integralidad y la prevención, lo cual implica un cambio de enfoque respecto del rol que al Departamento de Seguridad Ciudadana le correspondió tradicionalmente.